Convocatoria Nº 56 "Autonomía local: el paradigma de asumir los destinos del territorio "

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Convocatoria Nº 56

A publicar en Mayo 2020

“Autonomía local: el paradigma de asumir los destinos del territorio”

 

Editor/a Lente de Aproximación: Hernán Frigolett (Ed. de sección) y Pedro Güell y Sandra Ríos (Ed. O eds invitados/as)

 

                         Plazo de recepción: 1 de marzo de 2020                        

 

La gestión del territorio ha tomado mayor realce frente a los desafíos de índole ambiental en economías con sectores extractivistas por los impactos que este tipo de actividades causa en su entorno, por el lado de los costos, que contrasta con el aporte a la generación de valor y al empleo. Los procesos de evaluación de impactos se han ido desarrollando rápidamente, así como los conflictos socioeconómicos que se suscitan debido a las externalidades que se producen, y cada vez más, se distinguen efectos a nivel local de aquellos que se irradian hacia territorios más alejados, así como los que impactan en el calentamiento global.

La gestión gubernamental, caracterizada por modelos centralistas, ha presentado crecientes dificultades para llevar a cabo políticas públicas que deben conciliar programas de inversiones necesarios para impulsar el crecimiento económico con los colaterales de impacto social y ambiental. Las metodologías de evaluación de impacto ambiental ya cuentan con referentes internacionales que establecen los alcances que debe tener cada una de las iniciativas de evaluación para proyectos de inversión abarcando todo su ciclo vida, incluso cuando la etapa de operación ha culminado, pero permanecen los problemas vinculados a los llamados pasivos ambientales. En estos procesos de evaluación previa, y en los monitoreos posteriores, se involucran de modo intenso los gobiernos municipales porque los grupos de interés instalados en los territorios dentro del radio de impacto estarán en vigilancia permanente, y la autoridad elegida por votación directa estará atenta para tomar las acciones necesarias para enfrentar los problemas que surjan. La experiencia ha mostrado que la mayor parte de estos procesos de evaluación, y luego de interacción entre la comunidad y el proyecto en su fase de ejecución se abordan de manera centralizada, recurriendo a equipos de evaluación externos a la región y a los municipios involucrados en las decisiones de inversión que se han tomado también de manera centralizada. Se genera así una tensión permanente entre las autoridades locales con el gobierno central, lo cual muchas veces representa por sí un factor de tensión.

Varios países de la región, que no disponen de una organización político-administrativa de tipo federativa, han incursionado en la creación de instancias intermedias de gestión, instalando gobernadores elegidos por votación a cargo de departamentos o provincias según sea su respectiva subdivisión territorial, generando una instancia de gobernanza que interactúa directamente con un conjunto de autoridades municipales también elegidas por votación popular. [1]

Chile, país cuya gestión es de tipo centralizada, ha tomado una decisión política, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, para instalar gobernadores en cada una de sus regiones que serán elegidos por votación directa para asumir sus funciones el 1 de enero de 2021, según sea el resultado de la elección que se llevará a cabo en octubre de 2020. En la actualidad, en cada región se cuenta con una autoridad nombrada directamente por el presidente de la república, oficiando en la práctica como un coordinador regional de las políticas públicas y del plan de inversiones nacionales que se despliegan en el territorio nacional. Las regiones cuentan con Consejeros Regionales, elegidos mediante votación directa, que cumplen un rol de grupo colegiado de decisión en materia de inversiones que son financiadas con el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional. En los hechos, estas autoridades no asumen roles protagónicos en el diseño de políticas públicas, y no cuentan con fuentes autónomas de financiamiento para ejecutar un plan de desarrollo de sus territorios. Durante todo el año 2019 se ha estado en un proceso de definiciones para determinar de manera más precisa las atribuciones de gestión que se le entregarán a esta nueva autoridad, así como los cambios que deberán materializarse al nivel de los equipos que le darán soporte en el ámbito del diseño e implementación de programas de gobierno local y para la necesaria coordinación con los gobiernos municipales de su respectiva región. Otro ámbito de debate ha sido el grado de autonomía financiera con el que contará cada gobernador para llevar adelante su programa de gobierno, así como la necesaria rendición de cuentas y control presupuestario que ejercerá el grupo colegiado de Consejeros Regionales, y la labor contralora que ejercerá la institucionalidad para certificar el correcto uso de los recursos fiscales.

En el caso de la gobernanza federativa, también se producen tensiones entre los gobiernos estaduales o provinciales con el gobierno federal en ámbitos variados de las funciones públicas y de los poderes del Estado. En materia de levantamiento de los recursos fiscales para financiar a los gobiernos locales y al federal también se producen discrepancias que se vinculan con el diseño e implementación de políticas públicas, o bien de prioridades en su ejecución. Las resoluciones de los conflictos que se dan en ambas esferas de poder gubernamental son de interés para reconocer los mejores lineamientos de gobernanza pública que permitan avanzar de manera equilibrada en la agenda de gobiernos locales y del gobierno federal.

El grado de autonomía financiera es vital para establecer un conjunto de instituciones que provean de respuesta a las demandas de la ciudadanía y de los gobiernos municipales que están interactuando en los territorios. Por ende, esta experiencia es de interés para aquellos países que cuentan con una gobernanza de tipo centralizada y que abordan el desafío de la descentralización de la gestión pública, con autoridades que son elegidas de manera independiente y que deberán contar con autonomía para el ejercicio de la política pública en sus territorios.

En síntesis, la convocatoria de este número de la Revista Polis espera recibir aportes que se vinculen con la experiencia de países de América Latina, que ya están con procesos de descentralización en plena ejecución, y puede ser una oportunidad para plantear una evaluación crítica de los problemas que han surgido, así como de los avances en eficacia y eficiencia que se han logrado para contar con un diseño e implementación de políticas públicas con autoridades más cercana a la ciudadanía y a los territorios.

El propósito que se persigue es el de lograr contar con un conjunto de artículos que permitan acumular experiencias de conceptualización y de aplicación de procesos de descentralización, y de los cambios, tanto esperados como efectivos que han ocurrido en la práctica política observada al nivel de organizaciones sociales, de organizaciones gremiales y de partidos políticos, así como en la percepción de mejoras en la representatividad ciudadana de la institucionalidad creada en la gobernanza más autónoma de los territorios.

 

Para el envío de su artículo siga estrictamente con el perfil, alcance y las normas de la POLIS, Revista Latinoamericana detalladas aquí https://scielo.conicyt.cl/revistas/polis/einstruc.htm. Los artículos postulados a la sección Lente de aproximación “Autonomía local: el paradigma de asumir los destinos del territorio”deberán ser enviados indicando en el asunto “Convocatoria Número 56”, hasta el 1 de marzo de 2020, al correo revistapolis@ulagos.cl

 

Bibliografía

 

CEPAL (2010). « Del desarrollo económico nacional al desarrollo local ». Mario D. Tello. Revista de la Cepal nº 102.

 

Banco Mundial (2010), “Making Local Economic Development Strategies: a Trainer’s Manual” [en línea] www.worldbank. org/urban/local/toolkit/.../defining-led.htm



[1] Perú y Colombia emprendieron procesos descentralizadores y ha transcurrido un buen tiempo para poder abordar evaluaciones acerca de los beneficios y costos de sus respectivos procesos.