CONVOCATORIAS: Soberanía alimentaria en América Latina: miradas cruzadas sobre un concepto en acción y en disputa

Soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación son conceptos que cada vez escuchamos con mayor frecuencia en ambientes tanto expertos como ciudadanos. Así también, su uso ha dejado de limitarse a un nivel puramente crítico sobre las políticas agrícolas a la escala internacional y nacional, permitiendo desarrollos teóricos, normativos y políticos de gran magnitud y, particularmente, de gran interés para las políticas públicas.

 

De esta forma, estos tres términos son presentados como referenciales discursivos de un conjunto de plataformas de acción que han venido - sobre todo en los últimos veinte años - reaccionado al modelo agroexportador y a las políticas neoliberales que promovieron, de manera intensa, articulada y sistemática, iniciativas muy radicales de liberalización de los mercados agrícolas, de privatización de los recursos naturales, de toma corporativa de los procesos de decisión pública y, muy consistente con los puntos anteriores, de debilitamiento deliberado del rol del Estado en cuanto actor soberano, relevante, preferente y efectivo de los procesos productivos.

 

En este marco, la idea de soberanía alimentaria es el resultado de un intenso y progresivo trabajo de construcción colectiva, favorecida por un contexto caracterizado por el abandono estatal en relación a las políticas de alimentación, por la liberalización y desprotección extrema del mercado agrícola, por la supravaloración de los tratados de libre comercio, y, consecuentemente, por el debilitamiento de los salarios asociados a la agricultura familiar. Así también, por un descenso de los precios de los productos del sector, la crisis hídrica y las tensiones ambientales; aspectos que han provocado problemas permanentes en la provisión y acceso de alimentos en diversos territorios y para grupos sociales empobrecidos.

 

La propuesta de soberanía alimentaria hace su estreno en la cumbre mundial de la alimentación (SMA), momento en el cual la declaración del foro de organizaciones no gubernamentales reclama con energía una mayor protección del derecho de los estados para desarrollar, independiente de sus compromisos de política internacional, iniciativas de política agrícola que se enmarquen en el cumplimiento de las necesidades de los productores y consumidores en la escala nacional.

 

Pero esta idea de soberanía alimentaria sugiere y se funda en la existencia de un eventual derecho a la alimentación; derecho cuya existencia y exigibilidad sólo sería posible en un escenario de ruptura con la liberalización económica a la escala mundial; liberalización que en materia agrícola ha mostrado sus energías más elocuentes.

 

Para sus defensores, este derecho encuentra su fundamento en el artículo 25 de la declaración universal de derechos del hombre de 1948 y en el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales de 1966. Dicho derecho a la alimentación se instalaría, a diferencia de los derechos que se limitan a la escala del individuo, en una dimensión de naturaleza claramente colectiva, en la medida que se orienta a marcos más generales de acción; en este caso, a la población excluida de los procesos de desarrollo dada su condición étnica, territorial u otra. De esta forma, este derecho no sería sino la traducción jurídica de un bien público global que es - y aquí aparece nuestro tercer término - la seguridad alimentaria de la población vulnerable o marginalizada.

 

Producto de variados procesos históricos, culturales y políticos, la idea de soberanía alimentaria se empieza, entonces, a fortalecer como un paradigma alternativo; fuertemente articulado con la idea de un derecho a la alimentación. Estos conceptos, a su vez, terminan configurando la propia idea de seguridad alimentaria como un necesario recurso de política pública cuyo objetivo es administrar conjuntamente esta idea de bien público a una escala nacional e internacional.

 

La aparente articulación de estos conceptos y su común objetivo de impactar las políticas nacionales y globales, no esconde, sin embargo, que sus contenidos y fronteras siguen favoreciendo miradas cruzadas y diversas en relación a sus roles epistémicos y sus estrategias de influencia. Tampoco esconde que sus interacciones son nuevas y desencadenan fenómenos dinámicos y en desarrollo.  

 

En este juego de distinciones y convergencias, lo que parece estar en cuestión es ante todo el objetivo político de que la gobernanza alimentaria mundial, entendida en un sentido de concertación - a saber, las regulaciones mundiales sobre los problemas de alimentación - se funden sobre nuevos principios construidos democráticamente. Lo anterior sólo podría realizarse bajo la forma de una participación creciente de la sociedad civil y de las propias organizaciones de campesinos y agricultores. De esta forma, también es una convergencia el reproche a la opacidad en materia de elaboración de parte importante de las normativas vigentes; sobre todo en lo relativo a la jerarquización de las prioridades públicas, a la elección geográfica o espacial de los territorios a intervenir, o bien a la definición de los presupuestos sectoriales de las agencias estatales y privadas.

 

De esta forma, un aspecto muy relevante es que los debates sobre soberanía alimentaria han estado caracterizados por un tono más político que ha permitido conectar lo estrictamente alimentario con aspectos más generales sobre las políticas de desarrollo en su dimensión más global. Por ello, temas como sistemas alimentares, consumo y consumidores, género, relaciones urbano-rurales, etc., son abordados de manera más integral y más interdisciplinariamente.

 

Por tal motivo, la idea de soberanía alimentaria, fuertemente impregnada de la idea de este derecho a la alimentación, pone en valor la exigencia de un nuevo sistema alimentario, con un distinto modelo agrícola y de alimentación que garantice precisamente un derecho que debe escalar de su fundamento meramente teórico, para avanzar hacia el campo de lo operacionalizable y exigible.

 

De lo anterior, algunos aspectos puestos en discusión son:

 

❖      La exigencia de que las decisiones sobre qué producir, cuánto producir, etc., no queden solo en manos de las demandas externas de productos más rentables, sino que se privilegie el resguardo del derecho fundamental de la ciudadanía a alimentarse y acceder a los alimentos frescos y locales.

❖      La exigencia de que este derecho vaya de la mano de un modelo que regule la producción de alimentos frescos y de los derechos asociados a los pequeños productores; ajustado lo anterior a dimensiones agroecológicas y de producción respetuosa de los saberes locales. Precisamente, esto entra en tensión con el modelo productivo agropecuario, cuyo foco central es la exportación, reforzando, por el contrario, la necesidad de plantear una propuesta que se oriente, ante todo, a definir los marcos para asegurar la alimentación y salud de la población.

❖      La exigencia de favorecer la producción de “alimentos a escala” a partir de una estrategia nacional, resguardando los cultivos y posicionamiento de los productos en los mercados nacionales, privilegiándolo en relación a los mercados internacionales, pues el mercado internacional - por sí solo – termina generando vulnerabilidad y fluctuaciones económicas que ponen en riesgo los precios y, por tanto, el acceso último a la buena alimentación.

 

La dimensión institucional también debiese ser materia de preocupación. Lo anterior puesto que los desafíos políticos que se han señalado parecen exigir un cambio evidente en la estructura de la organización del Estado, a fin de no desarticular la complejidad del derecho a la alimentación con una ampliación del ejercicio democrático que ponga en el centro a las y los ciudadanos y, sobre todo, a los sectores campesinos.

 

Para ello, se debiese superar la visión sectorizada con la cual se plantean las políticas públicas y se planifica el desarrollo de los territorios, favoreciendo la convergencia de los discursos no solo sobre la alimentación, sino sobre la buena alimentación, dentro de un contexto pandémico de obesidad creciente. De esta forma, la operacionalización de estos principios en normas efectivas que apunten a resolver integralmente los problemas de la alimentación resulta de primer orden.  Lo anterior plantea la necesidad de una nueva gobernanza de los sistemas alimentarios en los diversos países y entre sí, a fin de articular las dimensiones de la buena nutrición, del respeto ambiental, de la sostenibilidad y del desarrollo productivos y de la justicia social (acceso igualitario).

 

Dado todos los aspectos planteados, este número de Revista Polis propone discutir sobre la idea de soberanía alimentaria a partir de este abanico de miradas cruzadas, con la finalidad de conectar lo que aparentemente es exclusivamente un problema de política agrícola, con otras dimensiones que muestren su complejidad, su globalidad y, así también, la urgencia de políticas intersectoriales que garanticen integralidad y adecuada concertación internacional para fenómenos que tienen expresiones multidimensionales y multiescalares.

 

En este marco, se privilegiará la recepción de trabajos que aborden los siguientes temas: 

 

  • Soberanía alimentaria y derecho a la alimentación
  • Soberanía alimentaria, intersectorialidad e integralidad 
  • Soberanía alimentaria y nuevas políticas de desarrollo
  • Soberanía alimentaria en contexto de pandemia
  • Soberanía alimentaria y su dimensión territorial (desafíos e impactos)
  • Soberanía alimentaria: rol del(os) Estado(s), agencias, organizaciones, consumidores y sociedad civil
  • Soberanía alimentaria, género y feminismos.

 

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