El año 2025 trae cuatro elecciones presidenciales en América Latina. Entre ellas, está la que enfrentará Chile este 16 de
noviembre. Las marcas de las coyunturas críticas de los últimos 6 años como el estallido social, la pandemia y las elecciones de cambio de constitución generaron posibilidades de cambios institucionales que finalmente resultaron ser frustradas. En materia de cultura política, el cambio parece haber sido más fructífero frente a los desafíos de seguridad pública, inmigración y estancamiento económico. Esta cultura política neoautoritaria se ha fortalecido al punto que reconoce en la democracia liberal la oportunidad de llevar a cabo proyectos implantados por la fuerza y la violencia de Estado en décadas anteriores. Sin embargo, la nostalgia por la dictadura de Pinochet y la negación de la violación a los Derechos Humanos sigue creciendo en paralelo a esta supuesto avance civilizatorio de la derecha tradicional chilena. La cultura política del neo-autoritarismo sale en forma creciente de su estado latente y desafía una serie de principios que se creían consensuados en la democracia chilena
postdictadura.

En un contexto signado por la exacerbación de las desigualdades económicas y por múltiples formas de violencia y de precarización de la vida, las ciencias sociales latinoamericanas se han visto interpeladas políticamente por las complejas transformaciones que han experimentado los fenómenos sociales contemporáneos. Así, en un escenario de creciente conflictividad política y disputa social, el presente dossier temático recupera problematizaciones actuales de la práctica científica y contribuye a repensar algunas aristas significativas de la reflexión metodológica y el quehacer científico en investigación cualitativa. Los artículos que lo componen revelan anclajes multidisciplinares que contemplan temáticas de gran relevancia para las ciencias sociales. Algunas de ellas refieren al estudio de las fronteras, las migraciones, la ciudadanía, las economías populares, el feminismo, el acceso a la comunicación, la producción cultural, la educación y los procesos identitarios...

En este número de Polis Revista Latinoamericana invita a explorar las transiciones socio - energéticas desde una perspectiva interdisciplinaria y situada en el contexto de América Latina. Los artículos presentados abordan como la transición energética interactúan en las dinámicas locales. En un marco donde la transición hacia sistemas energéticos bajos en carbono es un proceso complejo, que debe ser entendido como un cambio profundo, donde las dimensiones espaciales, sociales y políticas son claves para su comprensión. Por este motivo, hemos decidido incluir en esta edición cuatro trabajos dónde se explora la singularidad del pensamiento regional en cuanto a las consecuencias sociales y políticas de la transición energética.

Con frecuencia vemos cómo eventos naturales, así como las consecuencias negativas de procesos productivos y extractivos, se despliegan en territorios latinoamericanos provocando situaciones desastrosas. En el primer caso, tenemos terremotos, tsunamis o huracanes. En el segundo grupo, están aquellos desastres cuyas causas están asociadas a incidentes sociotécnicos tales como derrames de petróleo o filtración de material radioactivo. En ambas circunstancias causales, es necesario comprender la interacción de sistemas sociales con ecosistemas de manera de prevenir y mitigar el riesgo de desastre. Sin embargo, dadas las consecuencias del cambio climático y crisis ambiental, muchas veces se ha hecho difuso el límite entre los riesgos de origen natural y de origen antrópico. La reciente pandemia del COVID-19 ha develado que la interconexión propia de la globalización ha hecho que los riesgos y las consecuencias de los desastres se agraven respecto a su alcance geográfico (UNDRR, 2022). Todo esto nos exige aún más en cuanto al análisis e intervención en materia de reducción del riesgo de desastre. En tal contexto complejo, el presente Lente de Aproximación explora diferentes perspectivas en torno a la ocurrencia de desastres en Chile, abriendo una reflexión en torno a aspectos institucionales y territoriales.

Presentación
Democracia y dictadura en la trayectoria de Polis, Revista Latinoamericana

Antonio Elizalde y Gonzalo Delamaza

La memoria colectiva experimenta movimientos con ocasión de algunos sucesos del presente y también con efemérides que movilizan voluntades y conflictos de diverso tipo. El tiempo largo de los cincuenta años transcurridos desde aquél 11 de septiembre de 1973 en Chile impacta de diversas formas a las diferentes generaciones que lo han protagonizado de maneras muy distintas, por cierto. El impacto que el feroz golpe de Estado tuvo en muchos otros países, también produce sus ecos hasta el día de hoy en ambientes académicos, políticos y sociales. Desde la diáspora que vinculó a veces para siempre a chilenas y chilenos con países distantes, hasta las lecturas políticas de lo que significó el fin de la democracia chilena, la interrupción de un proceso de cambios original y esperanzador, la figura de Salvador Allende y los inevitables paralelos que se pueden trazar entre los procesos que nos ha tocado vivir en diferentes contextos.

El malestar social tiene diversas raíces, las que se hunden en procesos sociales, políticos, culturales y económicos que afectan no solo las trayectorias institucionales, sino que la vida individual y colectiva de las personas. El año 2012, el PNUD advertía que bajo el término de “malestar”, se encontraba una serie de insatisfacciones ciudadanas que afectaban a la sociedad chilena. Señalaba en dicho informe que el hito sociopolítico de este malestar estaría asociado al año 2011, en el que se realizaron protestas de gran relevancia en distintos lugares del país. Esta será una característica de la década no solo en Chile, sino que,
en el continente, y también en el mundo.

El dossier tiene lo objetivo de explorar y comprender, por medio de investigaciones empíricas, qué elementos específicos de la movilización permiten entender las formas de vida de las juventudes, al mismo tiempo que las singularidades de los ciclos políticos y las formas de movilización colectiva latinoamericanos desde una perspectiva generacional. Como resultado, reunimos cuatro artículos con estudios de casos de movilizaciones juveniles en América Latina, específicamente dos de Argentina, uno de Brasil y uno de Chile. Destacamos de los trabajos la importancia de las luchas feministas que socializaron políticamente a jóvenes que pasaron a luchar por otras demandas, como el tema ambiental, sin dejar de lado las desigualdades relacionadas con el mundo del trabajo. Las estrategias de los movimientos presentados también revelan la importancia de la interacción con las instituciones estatales.

Para Aníbal Quijano, la idea de raza es el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Está en el origen de la formación tanto de América como del capitalismo y de la expansión colonial europea (Quijano, 2000). A partir del siglo XVII se vuelve un indicador de grupo genealógico humano (Guillaumin, 1972), y a finales del siglo XVIII se relaciona con el intento de destacar una dimensión fisiológica en las diferencias humanas. Bajo estos argumentos se legitima el sistema colonial y ocurre el genocidio nazi contra el pueblo judío, considerado como una “raza” inferior. En repudio a esta situación, la UNESCO en 1978 declara que la "raza" es un mito social más que un fenómeno biológico. No obstante, la inexistencia por decreto de un fundamento biológico para el racismo no impide que este exista como un organizador de la vida social en todos los niveles, teniendo un gran peso social, psico-cognitivo y material en la organización social y en la vida de las personas, por lo que tiene derecho propio como concepto sociológico (Guillaumin, 1972).

Soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación son conceptos que cada vez escuchamos con mayor frecuencia en ambientes tanto expertos como sociales. Así también, su uso ha dejado de limitarse a un nivel puramente crítico sobre las políticas agrícolas a la escala internacional y nacional, permitiendo desarrollos teóricos, normativos y políticos de gran magnitud y, particularmente, de gran interés para las políticas públicas.

Casi nadie puede desconocer actualmente el fuerte impacto que tiene la pandemia sobre aquellos sectores más vulnerables de la población. Confinamiento de la población, disminución del consumo, cierre de miles de pequeñas empresas, locales de esparcimiento, restaurant, peluquerías y salones de belleza, gimnasios, comercio local y un largo etcétera. Ello ha tenido consecuencias directas sobre las actividades de servicios, emprendimiento familiar y el empleo.

En una influyente compilación de inicios del nuevo siglo, Dagnino, Olvera y Panfichi (2006), afirmaron que gran parte de la lucha política en curso en América Latina giraba en torno a modelos alternativos de democracia, en lo que llamaron “la disputa por la cuestión democrática”.
Veinte años después, es posible decir que el panorama es más complejo dada la intensificación del conflicto sociopolítico en la región y sus impactos en los patrones de relación entre el Estado y la sociedad civil (Tatagiba, 2018).

El aumento de los conflictos sociales en Latinoamérica y el Caribe en los últimos años, expresados en diversas movilizaciones y acciones colectivas, nos hablan de la persistencia de desigualdades socioeconómicas y de reconocimiento efectivo en diversos países de la región. Las revueltas se enmarcan en: la creciente mercantilización de las relaciones sociales (Garretón, 2012); la debilidad estatal e institucional en la provisión de seguridad social; así como la privatización de los derechos y la persistencia de la desigualdad en distintos ámbitos de la vida cotidiana de la población.

En marzo del 2020 hicimos un llamado para recibir contribuciones que documentasen y analizasen las estructuras de exclusión creadas, reproducidas y preservadas por la educación superior en América Latina. El objetivo era contribuir a una discusión sobre las posibilidades de re imaginar y diversificar la educación superior en cuanto a docencia, investigación, colegialidad, jerarquización y remuneración. Escribimos esto pensando en cómo los levantamientos feministas y sus revelaciones han desencadenado una serie de cuestionamientos y profundas críticas a los múltiples modos en que las universidades latinoamericanas no están cumpliendo con sus promesas, y con sospechas de que los efectos de la pandemia del COVID-19, que en ese momento recién comenzaban a verse en la región, podrían exacerbar las brechas de exclusión. Los manuscritos que recibimos, escritos en contextos de extrema adversidad, muchas desde la primera línea del desborde y sobrecarga académica, excedieron nuestras expectativas. Estos, contienen importantes y originales aportes teóricos, personales y metodológicos, que revelan los múltiples clivajes y proveen un conjunto de distintas narrativas y que revelan que lamentablemente la pandemia fue catalizador para el crecimiento de estas brechas.

Los últimos treinta años han sido pródigos en materia de nuevas constituciones en muchos países de América Latina: Brasil en 1988, Colombia en 1991, Argentina en 1994, Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Todas ellas se promulgaron con el fin de promover transformaciones importantes en sus países y sociedades. Mucho más recientemente en Chile se canalizó gran parte de la enorme, diversa e intensa movilización social de fines del 2019 hacia un plebiscito en el cual porcentajes cercanos al 80% de los votantes decidieron que se requiere una nueva constitución que reemplace a la dictatorial de 1980 y que esta debe ser. elaborada por una Convención Constituyente completamente electa a tal fin. En las constituciones políticas convergen las esperanzas de transformación. Y complementariamente, en el caso de Chile, se considera que el “cerrojo constitucional” es justamente lo que impide el cambio.

El presente número es una colección de escritos y casos sobre procesos de comunalización económica existentes en nuestros territorios. En su conjunto dan cuenta del reconocimiento empírico –y también del deseo- que no todas las esferas de la vida económica están completamente subsumidas a las relaciones y lógicas de las relaciones de capital. Esta reflexión se entronca en una amplia tradición heterodoxa en el pensamiento que algunos llaman «sustantivista», otros «anti-utilitarista» y más recientemente «performativa» que han problematizado el objeto de «la economía» como ciencia y el «mercado autorregulado» como práctica, en tanto «inventan» un discurso naturalizado a la vez que un horizonte normativo por el cual se organiza la realidad (Polanyi, 1957). La ciencia económica neoclásica se ha construido sobre la base de un modelo de acción y decisión, que no da cuenta de la diversidad de subjetividades –intereses apasionados- que animan lo económico. Más aún, la economía-disciplina ha construido la economía-cosa (Latour y Lépinay, 2008), en lo que Polanyi (1957) denominó una gran profecía auto-cumplida. La economía-práctica se en- tiende así como el resultado de las decisiones y acciones que cursamos y donde el rango de racionalidades es más amplio y diverso que la abstracción conceptual moderna y fuertemente masculinista del hommo económicus.

Las pugnas de las comunidades locales por ampliar sus capacidades para definir con mayor autonomía la orientación de su desarrollo y las formas de gobierno de sus territorios tiene una larga historia en América Latina. Y ellas reciben de tiempo en tiempo un estímulo que proviene, ya sea de las crisis políticas del Estado centralista o del modelo excluyente de desarrollo o de los desequilibrios medioambientales. Hoy el desarrollo económico y social vuelve a estar en el centro del debate porque la pandemia del COVID-19 ha develado la fragilidad de los procesos que han caracterizado al crecimiento económico y su impacto en el bienestar de la población en la mayor parte de los países de América Latina. El Estado ha estado sometido a un persistente debilitamiento en sus capacidades de interacción con la ciudadanía, y hoy se ve desafiado en su capacidad para garantizar derechos fundamentales y en su eficiencia para gestionar la crisis sanitaria. Esto hará emerger una vez más la importancia de pensar el rol, las capacidades y los desafíos de los procesos de desarrollo centrado en las sociedades locales, en sus organizaciones y en sus territorios. Pero esta emergencia es también un desafío. En muchos sentidos, el futuro del desarrollo territorial actual no puede ser pensado con las categorías de ayer, y debe buscar perspectivas y conceptos adecuados a las nuevas realidades. Aunque están escritos antes de la eclosión de la pandemia, los artículos del tema especial de este número pueden ser leídos, cada uno a partir de sus temas específicos, como una sistematización de aprendizajes y una propuesta de categorías para abordar estos desafíos.

En las sociedades capitalistas contemporáneas, el cuerpo/los cuerpos, son el eje de una contradicción inherente a su reproducción y a su destrucción. Por un lado, los procesos de estructuración social a escala planetaria involucran un esfuerzo permanente y sistemático por reafirmar las disposiciones de gobierno, control y disciplinamiento que exige la reproducción del capitalismo. Por otro lado, se libran cotidianamente miles de batallas, escaramuzas, luchas y disputas que rompen, resquebrajan y niegan al sistema aludido su valor de verdad. El cuerpo y los cuerpos son espacios de dominación y docilidad, pero también de conflicto y de resistencia.

La crisis ambiental y ecológica que amenaza la existencia de la vida en el planeta es un fenómeno indesmentible, tal como se puede constatar en diversos estudios y trabajos realizados por organismos internacionales, agencias multilaterales, universidades, centros de investigación, consultoras, etc. En efecto, la evidencia acumulada en las últimas décadas demuestra de forma fehaciente que existe un agotamiento del modelo productivista y predatorio que pone en riesgo, cada vez con mayor intensidad, las bases materiales de la vida sobre la Tierra. El siglo XXI continúa acumulando desastres y catástrofes ambientales generadas por la acción humana, específicamente de las grandes empresas emisoras de CO2. De hecho, en el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se ha señalado que la humanidad deberá realizar esfuerzos de gran alcance y sin precedentes para limitar el calentamiento global a 1,5° C. Tal como se señala en el informe del IPCC.

Desde los años noventa del siglo pasado el campo de estudio de los movimientos sociales se ha enriquecido gracias a la incorporación de la dimensión emocional como factor explicativo de las luchas y las protestas sociales. Las emociones han sido incorporadas al estudio de la protesta para analizar distintas etapas y procesos que caracterizan los movimientos sociales. Como sugiere la mayoría de los trabajos que incorporan las emociones al estudio de la protesta se han centrado en los procesos de carácter micro-político, especialmente en el rol de las emociones en la movilización (mobilizing emotions) y en cómo los movimientos sociales transforman y gestionan los sentimientos de sus miembros.

En el último decenio, en Latinoamérica hemos asistido a importantes cambios en materia indígena. Algunos de ellos han sido promovidos por la legislación internacional y, otros, por las propias prácticas y movilizaciones de comunidades y organizaciones indígenas. Sobre todo a partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y la Declaración sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas, han habido modificaciones en los marcos normativos, las instituciones y en las políticas públicas. Estas han incluido desde distintas formas de reconocimiento constitucional, la aplicación de la consulta previa y, la instalación de legislaciones y políticas sectoriales. Por su parte, las organizaciones indígenas han utilizado un amplio abanico de repertorios, lo que incluye desde su participación en distintas instancias estatales, su incorporación a procesos electorales o diversas formas de autonomía según sea el caso. 

El auge de la globalización en los años 1990 hizo plantear a muchos intelectuales la idea del fin de las fronteras, algunos más aventureros expresaron que entrábamos en una “era postcolonial”, en la cual el Estado-nación era fuertemente cuestionado. Sin embargo, desde entonces hemos sido testigos del “retorno de las fronteras”. Con dolor e impotencia hemos visto la multiplicación de muros fronterizos, más de treinta muros desde el 11-S, quince solamente en el 2016. Este fenómeno denominado “fronterización” ha significado una transformación de las fronteras, cumpliendo más bien la función de “filtro de flujos” para llevar a mejor término un tratamiento diferenciado de los mismos. A pesar de que este fenómeno no sólo atañe a la migración, ésta ha sido la principal afectada, debido al aumento de la migración irregularizada y por tanto de los cruces clandestinos.

La participación de los padres hombres en el cuidado, la crianza y las tareas domésticas es un asunto clave para la igualdad de género y el desarrollo infantil. En Latinoamérica las mujeres destinan más tiempo que los hombres al cuidado en el hogar (Rico y Robles, 2016). Por otra parte las políticas han reforzado el papel de cuidadoras en las madres y de proveedores económicos en los padres. En las últimas décadas las mujeres salieron a trabajar remuneradamente sin embargo todavía dedican más tiempo al cuidado y sus trabajos son más precarios. A pesar de todos los avances en legislación y políticas, al parecer, el orden de género se resiste a cambiar o lo hace muy lentamente.

La crítica del neoliberalismo y la consiguiente afirmación de la ciudadanía con sus demandas por derechos sociales, justicia y reconocimiento, han ocupado un lugar central en los debates en la esfera pública desde la irrupción de las protestas sociales en escala global (Della Porta, 2015; Ancelovici, Dufour&Nez, 2016), con un especial ímpetu en el Sur Global (Bringel&Pleyers, 2017). Un caso ejemplar fue el del ciclo de protestas por la educación en Chile a partir de 2011. Por ejemplo, los estudiantes chilenos no sólo lograron posicionar la educación por medio de su lucha como el más notorio issue político en la agenda nacional, sino que además lograron redefinir su significado, desplazando el sentido dominante e institucionalizado de educación como bien de consumo (Bellei, Cabalín& Orellana, 2014; Fleet& Guzmán Concha, 2016; Donoso, 2017; Cuevas & Paredes, 2018; DisiPavlic, en Prensa). Junto con demandar educación gratuita y de calidad, los estudiantes instalaron la idea de la educación como un derecho social y exigieron poner fin al lucro en educación. La difusión e impacto de este contra-discurso que criticó los fundamentos de la hegemonía neoliberal resonó más allá de las fronteras nacionales y fue internacionalmente reconocido, llegando a ser imitado en otras regiones como el caso Canadiense del 2012. Si bien este proceso se encuentra inconcluso, pues la lucha de posiciones prosigue con el actual periodo presidencial (2018-2022), este movimiento y la amplia coalición social que logró forjar en torno a sus demandas contribuyó a abrir una ventana de oportunidades para introducir cambios importantes en la sociedad chilena.

En este marco, el número 47 de la revista POLIS, Revista Latinoamericana, convocó a investigadores(as) a escribir sobre las lecciones derivadas de los procesos de reforma agraria llevados a cabo en América Latina y especialmente en Chile a sus 50 años. Fundamentalmente pensando en las transformaciones que los territorios y sus actores han vivido producto de estos procesos.