La crítica del neoliberalismo y la consiguiente afirmación de la ciudadanía con sus demandas por derechos sociales, justicia y reconocimiento, han ocupado un lugar central en los debates en la esfera pública desde la irrupción de las protestas sociales en escala global (Della Porta, 2015; Ancelovici, Dufour&Nez, 2016), con un especial ímpetu en el Sur Global (Bringel&Pleyers, 2017). Un caso ejemplar fue el del ciclo de protestas por la educación en Chile a partir de 2011. Por ejemplo, los estudiantes chilenos no sólo lograron posicionar la educación por medio de su lucha como el más notorio issue político en la agenda nacional, sino que además lograron redefinir su significado, desplazando el sentido dominante e institucionalizado de educación como bien de consumo (Bellei, Cabalín& Orellana, 2014; Fleet& Guzmán Concha, 2016; Donoso, 2017; Cuevas & Paredes, 2018; DisiPavlic, en Prensa). Junto con demandar educación gratuita y de calidad, los estudiantes instalaron la idea de la educación como un derecho social y exigieron poner fin al lucro en educación. La difusión e impacto de este contra-discurso que criticó los fundamentos de la hegemonía neoliberal resonó más allá de las fronteras nacionales y fue internacionalmente reconocido, llegando a ser imitado en otras regiones como el caso Canadiense del 2012. Si bien este proceso se encuentra inconcluso, pues la lucha de posiciones prosigue con el actual periodo presidencial (2018-2022), este movimiento y la amplia coalición social que logró forjar en torno a sus demandas contribuyó a abrir una ventana de oportunidades para introducir cambios importantes en la sociedad chilena.